DgitaleZ. Karla Benítez / Acapulco. 11 de agosto.- Tras la detención de un líder de civiles armados en Guerrero y su liberación 22 horas después, la Fiscalía General del Estado reveló que la orden de aprehensión que se giró en contra del dirigente comunitario era parte de las 10 mil que se acumularon sin ejecutar en la dependencia desde años atrás.
Fue al término del evento de desarme voluntario de armas y ferias de la paz en Acapulco, en donde la fiscal general Sandra Luz Valdovinos Salmerón dijo que Bruno Plácido Valerio, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) salió en libertad debido a que uno de los delitos que se le imputaron prescribió y por los otros alcanzó fianza para llevar su proceso en libertad.
“El juez de control determinó vincularlo o sujetarlo a proceso en este caso porque es averiguación previa porque data de 2016 y establecerle una fianza. Va a seguir su proceso ante el órgano jurisdiccional hasta que se resuelva su situación jurídica”, declaró la fiscal.
Sandra Luz afirmó que la detención de Bruno Plácido se realizó de manera tardía luego de una revisión a las 10 mil órdenes sin ejecutar que hay en la FGE desde años anteriores.
En el caso de Bruno, la Fiscal justificó que la detención se realizó a pesar de que uno de los delitos prescribió, ya que a la dependencia que dirige no le corresponde revisar la vigencia de los crímenes imputados.
“No, no está prescrito; hay uno que está prescrito de los tres delitos que tiene, pero eso no me correspondía a mi, porque en su momento cuando se solicita una orden de aprehensión, y el juez lo analiza y autoriza es porque los delitos están vigentes, y en esta caso era una orden de 2016”, apuntó.
La también Teniente Coronel del Ejército sostuvo que está integrando al equipo que revisará todas las órdenes “que no se ejecutaron en su momento” para cumplimentarlas.
Valdovinos dijo desconocer si entre las órdenes pendientes hay líderes o integrantes de organizaciones sociales: “estamos revisando cada caso”, dijo.
En relación a la prescripción de algunos delitos que pudieran encontrarse entre estas resaltó que será el juez quien determine si se persigue o no a los inculpados.
Sobre la advertencia que hizo Plácido Valerio de demandar la reparación del daño en su contra por ser detenido por supuesta persecución política, la titular de la FGE señaló que “la Fiscalía actuó en el ejercicio estricto de su derecho y acatando en ese ejercicio de derecho la orden girada por un juez”.
