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Congreso y Gobierno de Guerrero se encaran por modificación a Ley que reconoce a policías comunitarias, ambos se deslindan

DigitaleZ. Karla Benitez. Acapulco, Gro., 19 de abril de 2022.- Tras la aprobación de la Ley de Seguridad Pública del Estado que reconoce a las policías comunitarias, el Poder Legislativo y Ejecutivo se deslindaron de las “modificaciones ilegales” a la Ley 179 que retrasa su constitucionalidad.

La modificación en la redacción a la ley aprobada el martes pasado, que ya fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, señala que se prolongará la entrada en vigor de las policías comunitarias en Guerrero hasta que culmine la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo plazo venció el pasado 14 de abril, fecha en la que también quedó sin efecto la antigua Ley 777 en materia de seguridad.

Con esto aunque la ley se haya aprobado, todo lo que se refiere a pueblos y sus sistemas de seguridad no serán vigentes hasta que se aprueben las reformas y adiciones al Artículo 14 y la Ley 701 que reconoce los derechos y cultura de los pueblos originarios, ambas de Seguridad Comunitaria, como ordenó la Corte.

Sin embargo, como el Poder Legislativo no concluyó la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos, las y los legisladores acordaron aprobar la Ley sin expedir una nueva a partir del consenso de los pueblos y comunidades; por el contrario suprimieron los artículos en los que se reglamenta qué es, cómo se rige, y cómo se conforma la policía comunitaria, así como sus facultades en el Sistema de Seguridad del estado.

De acuerdo con lo aprobado por el Congreso el pasado 12 de abril, las y los diputados contemplaban hacer reformas a esta Ley en la segunda quincena de mayo, por lo que se tenía previsto que la Ley 179 entraría en vigor sin contemplar el fallo de la Corte que los obliga a preguntar a las comunidades indígenas y afromexicanas sobre las reformas a la Constitución local que las involucran, además de exceder el plazo que dio la SCJN.

Al respecto, este lunes la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Flor Añorve Ocampo, se deslindó de las modificaciones y anunció que presentará una denuncia ante la Contraloría interna del Poder Legislativo para deslindar responsabilidades.

“Quiero decirles que yo me deslindo, aquí tengo las pruebas de cómo fue emitida la Ley sin ninguna modificación. Voy a hacer lo conducente para llegar a las últimas consecuencias, voy a hacer la denuncia correspondiente para que se hagan las investigaciones y se sepa quién autorizó la modificación sin que esta presidencia haya tenido conocimiento”, señaló.

Horas después de que Añorve Ocampo mostró los acuses de recibido y dejó entrever que las modificaciones que se realizaron sin previo aviso saldrían del Gobierno del estado; el poder Ejecutivo a cargo de Evelyn Salgado Pineda también se deslindó de la redacción de dicha Ley y sostuvo que su publicación se hizo “tal y como se recibió y sin alterar su contenido.”

En un comunicado el Gobierno estatal informó que recibió la Ley de Seguridad enviada por el Poder Legislativo junto a una solicitud para que fuera publicada en la próxima edición del Periódico Oficial del 14 de abril, tan sólo dos días después de que se aprobó la Ley 179.

“Se comunica que, apegado al marco jurídico aplicable, en la edición extraordinaria de fecha 14 de abril del año en curso fue publicada, tal como se recibió y sin alterar su contenido, la Ley Número 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado Libre y Soberano de Guerrero”, se lee en documento publicado en la cuenta oficial de Facebook del Estado.

En el escrito, se asegura que el titular del Poder Ejecutivo -la gobernadora- tiene como atribución promulgar y publicar leyes y decretos expedidos por el Congreso, y le permite también realizar observaciones dentro del término de diez días hábiles siguientes al de su recepción; sin embargo, en el texto se aseguró que no hubo observaciones y la Ley se publicó como se envió por parte de las y los diputados.

“Por lo anteriormente expuesto, el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero ratifica su absoluto respeto a las facultades, autonomía e independencia del Poder Legislativo, manifestando su voluntad en conducirse con estricto apego al Estado de Derecho”, finalizó.

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