DigitaleZ. Karla Benítez / 03 de mayo.-
Luego de que la Comisión de Justicia aprobó el dictamen que despenaliza la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas en Guerrero, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) celebró que la iniciativa avance en el Congreso local.
En un comunicado publicado la noche del lunes, el Inmujeres expuso que con esto las y los legisladores se encuentran ante la posibilidad “histórica” de hacer valer un derecho para las guerrerenses.
“Su discusión y aprobación -de la iniciativa presentada en enero- por parte del Pleno del Congreso, puede traducirse en un histórico avance en la garantía de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas guerrerenses”, se lee en el documento emitido a dos días de que la iniciativa se debata en el Legislativo.
En el texto, la dependencia federal recordó que de aprobarse la iniciativa, con ésta se adecua la normatividad penal de la entidad, de conformidad con estándares nacionales e internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas.
Asimismo, enfatizó que la despenalización del aborto también cumpliría con lo ordenado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pasado 7 de septiembre de 2021.
El Instituto sostuvo que “en relación con la interrupción legal del embarazo, se observan avances importantes en diversas entidades”, sin embargo, reconoció que “todavía subsiste la criminalización y persecución de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo fuera de los supuestos normativos previstos en algunas entidades federativas”.
Caso de revictimización
En el caso de Guerrero, los procedimientos se niegan a las mujeres incluso víctimas de violación a pesar de la NOM 046 y de que en el estado este tipo de violencia forma parte de las causales legales para acceder a un aborto.
Asociaciones y colectivas feministas que dan acompañamiento a mujeres víctimas de violencia han documentado casos de criminalización y revictimización en hospitales, el más reciente ocurrió en febrero de este año en el Raymundo Abarca de Chilpancingo, cuyo personal médico se negó a practicarle un aborto a una niña de 10 años víctima de abuso sexual, pese a contar con un oficio del Ministerio Público que avalaba la interrupción del embarazo de la menor.
Familiares de la menor denunciaron que al llegar al hospital el personal de salud los quería obligar a firmar un documento en el que se comprometían a que la niña continuaría el embarazo y se daría seguimiento en el centro de salud de su comunidad. El aborto se realizó en el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, luego de que el caso se viralizó.
Trabas vulnera a víctimas
El Inmujeres alertó que la penalización de la práctica en la entidad pone “directamente a mujeres, adolescentes y niñas en mayor situación de vulnerabilidad, que no tienen posibilidad de trasladarse a entidades federativas con marcos legales más protectores”.
“Que el Pleno del Congreso del Estado de Guerrero apruebe la reforma al Código Penal, será un avance en el derecho a decidir como un derecho humano de las mujeres”, finalizó el texto.
