DigitaleZ. Karla Benítez / Acapulco. 18 de mayo.- Con la despenalización del aborto, y la eliminación del requisito de interponer una denuncia ante el Ministerio Público para acceder a este, no se evita que violadores sean encarcelados, sostuvo la diputada de Morena, Citlali Calixto Jiménez.
En declaración a medios señaló que la iniciativa aprobada ayer por el Congreso local que modifica seis artículos del Código Penal -del 154 al 159- y que deroga el 158, garantiza que las mujeres, niñas y adolescentes guerrerenses no vayan a la cárcel hasta por tres años, por abortar fuera de las causales de violación, riesgo para la salud, aborto provocado o inseminación artificial no consentida.
La morenista indicó que con esto también las mujeres que hayan sido víctima de una violación podrán acceder a una interrupción legal del embarazo (ILE), sin necesidad de denunciar a su agresor, como lo marca la normativa federal 046, que no había sido acatada por las autoridades del Estado.
En este sentido, apuntó que con la aprobación se protege a las víctimas que por miedo o algún otro motivo decidan no realizar la denuncia ante el MP, y no se les niegue el acceso a una ILE por esta razón.
Sin embargo, enfatizó que con esto no se evita que los abusadores sexuales sean encarcelados, y las mujeres que decidan iniciar un proceso legal por el delito de violación podrán hacerlo.
“De por si ya el hecho de que lamentablemente existan hombres violadores es un tema preocupante, es un tema denigrante. Y que encima de eso las mujeres -violadas- (…) tengan que aguantar ser revictimizadas.
Vamos a evitar que tengan que pasar por ese proceso -ser revictimizadas- eso no quiere decir que no tengan el derecho de presentar la denuncia”, precisó la diputada promovente de la iniciativa.
Además, puntualizó que la aprobación no promueve ni obliga a ninguna mujer a abortar, pero cuida de la clandestinidad a quienes decidan someterse a ese proceso.
Calixto recordó que la despenalización del aborto que aprobó el Congreso de Guerrero, responde a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el 7 de septiembre de 2021 ordenó que ninguna mujer puede ser encarcelada por abortar.
